Por 
Las circunstancias que han rodeado el concurso público convocado por la Diputación Provincial de Huelva han encendido las sospechas de irregularidades en la adjudicación del servicio del ayuda a domicilio. Los contratos de los nueve lotes en que ha sido fragmentado el servicio, valorados en un montante total de 42,32 millones de euros, han recaído íntegramente en empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades de esta provincia controladas por cargos del PSOE desde su constitución y una de ellas, además, con lazos familiares con el presidente de la institución provincial, el socialista Ignacio Caraballo.
Precisamente el también secretario general del PSOE de Huelva se ha referido esta mañana a este asunto y ha asegurado que si los contratos se adjudicaron a estas empresas, es porque las condiciones económicas eran más favorables.
Además, una de las sociedades descartadas en el concurso ha impugnado el proceso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación. Demanda que la adjudicación sea anulada y se deje en suspenso el concurso donde participaron once empresas.
Ignacio Caraballo ha lamentado también que, la oposición en Diputación no denunciase ninguna irregularidad cuando esta adjudicación se aprobó en pleno y sí lo haga ahora. El objetivo, asegura el presidente de la institución, es dar un trato de favor a la empresa privada frente a la pública.
En Directo