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Los profesionales de la Abogacía y la Procura de Huelva que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita han recibido 659.695,01 euros por las asistencias realizadas en las guardias y el turno de oficio entre abril y junio. Se trata del segundo pago en el que se ha aplicado la nueva orden reguladora de las compensaciones económicas, en vigor desde el 1 de enero, que llevaban 14 años congeladas.
Los procuradores han percibido 68.166 euros por los servicios del turno de oficio del segundo trimestre del año, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.
En el caso de los letrados, se han abonado 591.529,01 euros de los que 203.136 euros corresponden a las guardias realizadas, cuyas retribuciones ya se subieron en 2023, y 388.393,01 euros a las asistencias del turno de oficio.
Con la aprobación de la nueva Orden de módulos y bases del turno de oficio, la compensación económica a los profesionales que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita se ha incrementado entre un 15 y un 20% en función de los procedimientos, según ha recordado la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Céspedes.
“Además, se han incluido actuaciones que hasta ahora no se cubrían en el sistema de Justicia Gratuita, como la mediación ya que los abogados y procuradores son nuestros aliados para promover esta vía alternativa para la resolución de conflictos que contribuye a reducir la excesiva litigiosidad”, ha subrayado Céspedes.
Andalucía es la primera comunidad que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. Así, en este segundo trimestre de aplicación se han certificado 54 procedimientos de mediación por parte de abogados del turno de oficio, el triple que en el primer trimestre “y diez de ellos los han realizado abogados onubenses”. Su trabajo en estos procedimientos se compensa con hasta 400 euros cuando logran pactos extrajudiciales.
También por primera vez se compensa económicamente a los letrados que asisten a personas por orden judicial, aunque después estas no resulten tener derecho a la Justicia Gratuita.
La delegada ha puesto en valor la agilización de los plazos en los que la Consejería paga a los colegios profesionales. Para ello, desde la pasada legislatura, el pago se hace en dos plazos. En el primero se abonan las certificaciones que aportan los profesionales (tienen un mes una vez cumplido el trimestre) que no presentan ningún error, de forma que para el segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren de alguna subsanación. Antes de la modificación del reglamento, solo se podía hacer un único pago, lo que obligaba a todos los profesionales a esperar que se subsanaran las certificaciones que presentaban algún error.
“Esto ha permitido que los colegios profesionales reciban el dinero en apenas 15 días hábiles desde que presentan la documentación a la Consejería cuando antes los pagos se retrasaban meses”, ha subrayado Céspedes.
