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El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ha indicado hoy que el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha actuado con la «máxima transparencia» y con “total colaboración con la Justicia” en el marco de la operación Termyca, después de que ayer el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) solicitara al Ayuntamiento documentación relativa a la contratación de la consultora Efial y otras empresas del grupo, dentro de una operación que se está desarrollando en 23 ayuntamientos de toda España. El requerimiento judicial al Ayuntamiento se circunscribe únicamente a pedir información sobre la empresa Colaboración Tributaria Andaluza (CTA) cuya documentación ya ha sido entregada por el Consistorio.
En rueda de prensa en la sede del PP, Romero ha explicado que, en primer lugar, en 2013 se hizo un contrato menor con el grupo CGI, por valor de 18.000 euros, y posteriormente se hizo otro por 4 años, en vigor desde 2015 y a través de un procedimiento público y abierto con la empresa Colaboración Tributaria Andaluza (CTA), del grupo CGI, el cual seguirá vigente hasta 2018, tal y como se firmó, ya que «la empresa ha realizado un buen trabajo llegando a recaudar hasta 22 millones de euros para las arcas municipales».
Romero ha subrayado que esta empresa se dedica a la inspección de tributos de las empresas del Polo Químico, en el término municipal de la localidad, tras rescatar el servicio que ostentaba la Diputación de Huelva a través del Servicio de Gestión Tributaria y que fue contratada por el Ayuntamiento, con «un procedimiento totalmente transparente y aprobado por todos los grupos con representación en el Peno».
Romero ha indicado que esta licitación se llevó a cabo porque el Ayuntamiento «no estaba satisfecho con la labor que hacía al respecto el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación, que no recaudó prácticamente nada».
Romero, al mismo tiempo, ha dejado claro que el Ayuntamiento ha mostrado en todo momento «la máxima colaboración» ante el requerimiento del juzgado una vez que se le ha requerido la documentación.
Asimismo, ha recalcado que, aunque el juez pidió información sobre un periodo concreto del año 2015, también «tiene a su disposición el contrato desde mediados de 2013 a 2014, que el Ayuntamiento hizo con la empresa CGI por un año».
Por último, Romero ha insistido en que su deseo es que «esto se aclare cuanto antes porque somos los primeros en querer erradicar todo tipo de corrupción», a lo que ha añadido que «quien no cumpla la ley, que apechugue».
