Por El grupo socialista en Diputación presentará al pleno del próximo miércoles una moción que reafirma el compromiso de la provincia de Huelva con el significado histórico del 28 de Febrero y con su vigencia en estos momentos, “particularmente en lo que se refiere a la existencia de un modelo territorial que garantice el respeto a la diversidad y, al mismo tiempo, el principio de igualdad y la inexistencia de privilegios de ningún tipo”. Según indica la moción, un rasgo característico del 28-F es que no fue sólo un impulso y un giro para Andalucía, sino para España entera y en particular para la configuración del Estado de las Autonomías: “un Estado de las Autonomías que no puede entenderse, en su nacimiento y en su evolución, sin lo que representó el 28 de febrero. En aquel momento, los andaluces planteábamos algo muy claro: no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Queríamos tener los mismos derechos, las mismas posibilidades y las mismas oportunidades”.
La iniciativa socialista también recuerda que este año se cumplirán 38 años de la Constitución de 1978, “que nos ha permitido a los españoles el mayor período de paz, libertad y prosperidad y que, precisamente por esa capacidad demostrada de ser duradera, necesita reformas para adaptarse a los cambios de todo tipo que se han producido en estos año”. En ese sentido apunta que esas reformas deberán afectar también al modelo territorial, “que necesita mejoras que lo hagan más funcional, más respetuoso de la diversidad de nuestro país y que, al mismo tiempo, siga dando garantías para la cohesión del país en su conjunto y para la igualdad básica de todos los españoles”.
En este sentido se subraya que, en este momento de la historia, desde los Ayuntamientos y Diputaciones, que tan importante papel jugaron en la conformación de la Autonomía andaluza, “queremos reafirmar la voluntad de los andaluces y andaluzas de seguir avanzando en una senda de progreso, unidad, cohesión e igualdad”.
La moción reafirma que la soberanía nacional corresponde al conjunto del pueblo español y que sólo al pueblo español puede corresponder decidir sobre el destino de España y rechazar “los intentos de romper la unidad de España, actuación irresponsable que no sólo atenta contra la Ley y la Constitución, sino que amenaza con fracturar la convivencia entre los españoles”. La propuesta de acuerdo también alienta a las Cortes Generales a emprender una reforma constitucional que garantice los principios expuestos, “desde el respeto a nuestras propias normas y con el máximo consenso que sea posible”.
