Por Los parlamentarios andaluces del PP y vocales de la comisión de investigación sobre Formación, Teresa Ruiz-Sillero y Miguel Ángel Torrico, y la también el parlamentario onubense, Guillermo García Longoria, han lamentado que la provincia de Huelva haya sido «una provincia clave en el fraude de la formación» al ser la que hizo saltar las alarmas en esta trama investigada por la Justicia y en el parlamento andaluz.
Los parlamentarios andaluces han informado hoy a este respecto en Huelva sobre el dictamen de dicha comisión y su repercusión en la provincia, destacando que «fue en Huelva donde de forma más importante saltaron las alarmas», y cifrando en 160 millones de euros «el perjuicio económico» sufrido. Ruiz Sillero ha puesto de relieve, a la luz del dictamen que «en Huelva se puso en marcha la maquinaria para destapar el fraude con el informe del interventor de la Junta en Huelva que señalaba un menoscabo de fondos públicos.
En concreto, en Huelva Ruiz Sillero se ha referido al Consorcio de Formades como «una agencia de colocación de cargos del PSOE con facturas escandalosas del pago de los caramelos de la carroza de los Reyes Magos o del traslado de caballos», escándalos que ocasionaron el cierre del consorcio.
En este punto, la popular ha recordado que el 20 de octubre la juez Bolaños ha citado a declarar como investigados a 4 ex altos cargos de la Junta, entre ellos la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, en el marco de dos de las piezas separadas en que ha dividido el caso de los cursos de formación relacionadas con los consorcios públicos de formación de la Junta, entre los que se encuentra Formades.
También como otros de los casos conocidos en la provincia de Huelva, ha mencionado la empresa El Paraíso, vinculada al exalcalde de Punta Umbría el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, e investigado en la causa, una empresa, ha aclarado Ruiz Sillero, que formaba parte de «todo un entramado», de, al menos, 45 empresas vinculadas directamente a cargos del PSOE en Andalucía y que recibieron en conjunto 101 millones de euros en subvenciones.
Del mismo modo, la popular ha lamentado «las trabas puestas por parte de la Junta, que ha negado expedientes claves para averiguar el fraude», a lo que ha añadido que “aunque el PSOE está insistiendo en que todo el fraude de la formación es un ‘bluff’, es una trama que se está investigando en 18 juzgados y en la comisión de investigación en el Parlamento, y ya se han detectado numerosas irregularidades».
A su vez, ha achacado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, una serie de responsabilidades políticas como la orden de paralización de los cursos de formación, que ha causado «un daño irreparable a los desempleados andaluces», así como «la pérdida de dinero por su propias vinculaciones familiares que la condicionaban a la hora de tomar decisiones».
Por su parte, Miguel Ángel Torrico ha recordado que, en total, el PP-A ha cifrado «la factura del perjuicio económico» del presunto fraude de la formación en Andalucía en 1.970,6 millones de euros, según se recoge en el documento que esta formación ha elaborado de propuesta de dictamen y conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz y que los populares ya presentaron.
Según el PP-A, de estos 1.970,6 millones, 822,3 millones son fondos estatales perdidos al paralizar los cursos de formación durante cinco años, a los que hay que sumar 46,9 millones de fondos europeos que tuvo que devolver por falta de gestión. Además, hay 539 millones de cantidades pendientes de justificar, 60 millones de reintegros pendientes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), 20 millones de reintegros pendientes de los consorcios de Formación, más 82,4 millones de reintegros no devueltos de entidades a las que se reclama, y 400 millones de cantidades que la Junta aún adeuda a entidades del final de las liquidaciones.
El PP-A eleva responsabilidades políticas para 35 altos cargos del PSOE en los gobiernos de la Junta entre los que están, además de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de los dos expresidentes, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo, María Jesús Montero y Sánchez Maldonado; el exconsejero de Educación, Luciano Alonso; cuatro exconsejeros de Empleo; ocho viveconsejeros de Empleo y gerentes del SAE; seis directores generales de Formación Profesional; el director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo.
