El PPA pide al Gobierno asumir el gasto que supondrá para los ayuntamientos la gestión del ingreso mínimo vital

La portavoz de Igualdad del Grupo Popular Andaluz en el Parlamento, Ana Vanessa García, ha asegurado que desde su formación “esperamos que el Gobierno de Sánchez asuma los gastos que supondrá para los ayuntamientos el hecho de tener que gestionar el ingreso mínimo vital”, al mismo tiempo que le ha pedido que “deseche la idea de quitarle los ahorros a los consistorios”.
“Tras los muchos globos sonda que el Gobierno de Sánchez se ha venido dedicando a soltar respecto al ingreso mínimo vital, y las numerosas contradicciones de sus ministros, con unos diciendo una cosa y otros la contrataría, parece que ahora la intención del Ejecutivo nacional es que sean las instituciones municipales las que se encarguen de dicha gestión”.
Por esa razón, “no sólo se hace necesario que el Gobierno asuma los gastos que puedan surgirles a los ayuntamientos, ya de por sí saturados, para realizar estas gestiones, sino que además tiene que desechar su intención de quitarle los ahorros a los municipios, que tienen que seguir afrontando los costes de sus servicios con las dificultades que ha generado para todos esta pandemia del covid-19”.
“Los ayuntamientos necesitan de la colaboración del resto de administraciones y no que se le deje a merced de la improvisación y la arbitrariedad que están caracterizando las actuaciones del Gobierno de Sánchez, por lo que bien haría en aprender del Gobierno de Andalucía, que sí ha sabido planificarse, atender a los ayuntamientos y ayudarlos, especialmente cuando más lo necesitan, como está ocurriendo ahora”.
En ese sentido, la portavoz popular ha destacado la ayuda del Gobierno de Juanma Moreno de seis millones de euros destinada a municipios andaluces de entre 1.501 y 5.000 habitantes para financiar actuaciones para el reforzamiento y garantía de los servicios públicos de su competencia afectados por la pandemia.
Éstas se suman a las subvenciones del Gobierno andaluz a municipios y ELA de menos de 1500 habitantes de Andalucía para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos.