Desde abril, los municipios de más de 5.000 habitantes deben hacer frente a un nuevo impuesto de basuras, establecido por una ley del Gobierno tras una recomendación europea de ‘quien contamina paga’. La Unión Europea dejaba libertad para decidir el formato de tasas o incentivos, pero el Ejecutivo optó por implantar directamente el impuesto.
Este asunto ha enfrentado al PSOE y al PP en la provincia: los socialistas reconocen la obligatoriedad de la tasa, pero ahora critican cómo los ayuntamientos la están ejecutando, pese a no estar de acuerdo con su implementación. El Ayuntamiento de Huelva se opondrá al nuevo impuesto a pesar de estar obligado a aplicarlo .









