Por Las nuevas obligaciones de la Ley 07/2022 de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez conllevará un sobrecoste que pagarán los usuarios por la gestión de sus residuos.
Sin embargo, el portavoz de los alcaldes del PSOE en la Mancomunidad de Servicios (MAS), que controla empresa pública Giahsa, Juan Antonio García, asegura desconocer dicho gravamen.
García, eso sí, junto a alcaldes socialistas en la provincia, ha lamentado este viernes «el uso partidista que está haciendo el PP de Giahsa» con la entrada de Cartaya, Palos de la Frontera y La Palma del Condado «incumpliendo los estatutos de la institución» y ha señalado que ya se ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la entrada de Cartaya y harán los propio con los otros dos municipios.
Así lo ha manifestado García en rueda de prensa, en la que ha señalado que se trata de un «incumplimiento de los estatutos» de Giahsa porque estos recogen que «en la mancomunidad solamente puede entrar un ayuntamiento con el ciclo integral completo, alta y baja» y eso «no está pasando con estos ayuntamientos, que entran solo con el alta» pero «la baja se queda en empresas privadas» y esto «haría inviable» la empresa si «los ayuntamientos deciden quedarse solo con el agua en alta y llevarse la baja al mejor postor».
En Directo