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El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la tramitación del decreto ley de Políticas Migratorias para ayudas extraordinarias a ayuntamientos en cuyos municipios existan asentamientos conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o viven durante todo el año desempeñando tareas agrícolas en los cultivos bajo plástico, por el que se destina un montante de 2.297.160 euros a las provincias de Almería y de Huelva.

Las ayudas, que serán coordinadas por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, ascienden a 1.138.599 euros para la provincia onubense, para atender a una población de unas 2.170 personas repartidas en 30 asentamientos.

La asignación a cada ayuntamiento se ha distribuido según la información ofrecida en los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el INFOCA y Cruz Roja. Estos datos también han sido verificados a su vez por los municipios interesados.

Así, en concreto, las ayudas se entregarán a cinco localidades onubenses: Moguer (con 8 asentamientos y una población migrada de más de 480 personas); Palos de la Frontera (con un asentamiento y una población migrada de más de 360 personas); Huelva (con un asentamiento y una quincena de personas migrantes); Lucena del Puerto (con 13 asentamientos y una población migrada de más de 815 personas); y Lepe (con 9 asentamientos y una población migrada de más de 495 personas).

De esta forma, las ayudas extraordinarias vendrán a cubrir gastos como la distribución de agua potable, limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno; adquisición y distribución de alimentos y material de higiene y sanitario; además de otros productos básicos y actividades esenciales para atender las necesidades de la población residente en los asentamientos. Igualmente, también se podrán destinar a los gastos que ya haya realizado el municipio desde la aprobación de las medidas de confinamiento por el Estado.

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