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La Junta de Andalucía ha tramitado el Proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y la protección de la persona denunciante.
La norma contempla medidas específicas para prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, mediante la creación de una Oficina andaluza contra el fraude y la corrupción.
Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas.
Además, la ley prevé un régimen de protección a las personas denunciantes, físicas o jurídicas, con especial atención a los funcionarios de la Junta.
En el caso del personal laboral no funcionario, contempla la posibilidad de garantizar también su movilidad de puesto para evitar represalias en los convenios colectivos y en el caso de las universidades y las administraciones locales se instará a facilitar su traslado, respetando su autonomía.
