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La Junta de Andalucía ha organizado hoy unas jornadas informativas sobre la nueva Ley de Servicios Sociales dirigida a representantes de los ayuntamientos, asociaciones y centros asistenciales de este sector en la provincia de Huelva, con el objetivo de presentarles la normativa y desgranar las principales novedades que incorpora.
La secretaria general de Políticas Sociales, Purificación Gálvez, ha presidido el acto en compañía del delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, y el delegado territorial del ramo, Rafael López. Los representantes autonómicos han coincidido en resaltar el carácter pionero de la norma, en vigor desde finales del año pasado, que convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma que confiere rango legal a las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos ciudadanos.
Entre éstos se encuentran el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Asimismo, blinda las prestaciones básicas a las que puede acceder la población; universaliza los servicios sociales, que conforman el cuarto pilar del Estado del bienestar, y garantiza la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.
El texto ha sido objeto de debate por parte de los agentes económicos y sociales, colectivos profesiones, entidades del tercer sector y los grupos políticos, que han registrado sus aportaciones. Así, durante su tramitación parlamentaria, se ha ampliado la cartera inicial de servicios garantizados como derechos subjetivos con la incorporación de la ayuda a domicilio, los equipos de tratamiento familiar, las situaciones de emergencia, el alojamiento alternativo y servicios relacionados con programas de drogodependencias, principalmente.
La nueva ley sustituye a la norma vigente desde 1998 e incluye otros servicios novedosos considerados también derechos subjetivos como la historia social única digitalizada y una tarjeta social universal para cada persona dentro del sistema. Ambos serán instrumentos claves para la gestión del sistema. Igualmente novedosa es la incorporación de la perspectiva deontológica y el impulso a la investigación mediante la creación de órganos específicos. La ley está estructurada en 141 artículos agrupados en 6 títulos, 6 disposiciones adicionales, 3 transitorias, 1 derogatoria y 3 finales.
Otro de los avances destacados de la ley es que se potencia el sistema de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos como la puerta de entrada a la que se dirigen los ciudadanos y donde se tramitan prestaciones destacadas como la dependencia, las medidas del Decreto de Inclusión, el programa de ayuda a la contratación o suministros vitales básicos y las prestaciones de urgencia social.
