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La secretaria general del PP Andaluz, Loles López, ha acusado este lunes a Susana Díaz de “mantener viva la política del compadreo”, como lo demuestra la adjudicación de un contrato al sobrino del presidente del Parlamento mediante un “expediente chapucero” sólo unos días antes de que comience el juicio del ‘caso ERE’. Loles López ha asegurado que Durán sólo ha ofrecido “unas explicaciones carentes de sentido, porque no cree relevante informar al Parlamento de que en la empresa seleccionada trabaja un sobrino suyo, ni mostrar a los miembros de la Mesa del Parlamento las condiciones de la adjudicación”. López ha señalado que “estamos ante un expediente chapucero”, cuya memoria justificativa, en la que se incluyen aspectos como la planificación de la estrategia, el diseño de la campaña, la producción y la difusión del vídeo, está firmada el día 22 de noviembre, sólo un día antes de que se empezara a difundir el vídeo. “Es decir, el trabajo estaba apalabrado antes de la adjudicación. Se trata de un contrato exprés, a dedo, del que no se informa a la Mesa del Parlamento”, ha dicho.
El expediente carece de numerosos documentos, como la conformidad previa a la propuesta de contratación menor que debe emitir el letrado de la Cámara; tampoco aparece el documento de retención de crédito de la Intervención; ni la resolución del presidente para la aprobación del gasto; ni el presupuesto de la empresa; ni la propuesta de adjudicación; ni la resolución adjudicación por el presidente, ni la documentación de disposición del gasto. “Nada de eso está en el expediente. O no existe o no nos lo han querido dar”, ha asegurado. López ha anunciado que el PP Andaluz va a solicitar toda esa documentación, y se ha preguntado por qué no se solicitó presupuesto a una empresa andaluza, y por qué no se mostró la propuesta a los miembros de la Mesa. “Se sienten cómodos en esa forma de actuar. Piensan que esta comunidad autónoma es de su propiedad, se sienten dueños y señores y creen que pueden hacer y deshacer a su antojo. No le dan importancia ni consideran que estén obligados a dar explicaciones porque están acostumbrados a favorecer a su red clientelar con el bolsillo de los ciudadanos, con adjudicaciones y subvenciones entregadas ‘a dedo’, o en post-it, de forma absolutamente arbitraria”, ha señalado.
