Ayer se celebraba el juicio por el expolio de los yacimientos del Seminario. En el mismo, la fiscalía ha rebajado la petición de pena de un año y nueve meses de prisión a una sanción económica para los nueve acusados de provocar daños en el patrimonio histórico de la ciudad, o lo que es lo mismo, provocar el expolio de los yacimientos de la Orden.
Los concesionarios de puestos de venta ambulante del mercadillo de la zona han negado que encargaran el movimiento de tierras en la zona, hecho que desmiente la fiscalía. El ministerio fiscal indica que estos siete acusados contrataron a una empresa para la realización de las parcelas que ya tenían adjudicadas, con el fin de ampliar las mismas y poder aparcar allí sus vehículos, hecho que provocó un destrozo en los yacimientos arqueológicos.
En la vista comparecieron también tres arqueólogos y una arquitecta municipal que indicaron la escasa protección de la zona con los restos arqueológicos y manifestaron que probablemente se hiciera de forma voluntaria aunque con una actuación ilegal al no disponer de licencia de obras.
Finalmente, la fiscalía pide una multa de 15 meses a razón de 12 euros por día para cada uno de los acusados.









