Los 45.000 funcionarios de justicia de toda España (el 93 por ciento de la plantilla de esta Administración) están llamados a una huelga indefinida a partir del próximo día 22 de mayo y el 25 del mismo mes habrá una gran manifestación en Madrid.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- ha dado al Ministerio de Justicia un plazo de diez días para que presente una oferta económica o se mantendrán estas movilizaciones que paralizan la Administración de Justicia.
Desde CSIF se lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular la ministra de Justicia, Pilar Llop, tenga abandonado al sector de la Justicia.
De igual modo, se pide al Gobierno que ponga ya encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar, de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales.
Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros.