Aparcar en Huelva sin pagar es una auténtica odisea desde hace varios años. Parte de la responsabilidad recae en la institución competente, pero también en los ya conocidos gorrillas: una ‘autoridad’ paralela a la ley, presente en las escasas zonas de la capital donde aún es posible estacionar gratuitamente. Una de esas zonas, relativamente cercana al centro y que suponía un respiro para los conductores, ha amanecido hoy con un nuevo aparcacoches ilegal.
Un peto amarillo está ‘gestionando’ desde esta mañana las (pocas) plazas libres de las explanadas y aparcamientos del entorno de la calle Cristóbal Gangoso, junto al colegio Muelle del Tinto. Es un lugar habitual para vecinos y trabajadores de la provincia que tienen su empleo en la capital. Los gorrillas imponen su ley: en algunos casos amenazan si no se les paga y siembran la duda sobre posibles daños al coche al regresar. Esta es la consigna con la que muchos usuarios lidian cada vez que les plantan cara.
Su presencia en Huelva es ya habitual. Aparecen —como si fueran una empresa con horario fijo— en los alrededores de la Avenida del Decano del Fútbol Español (cuando juega el Recreativo de Huelva en casa), o en los aparcamientos del Antiguo Mercado del Carmen, donde, pese a que ya se paga por estacionar, algunos gorrillas exigen un ‘suplemento’. También tomaron hasta hace, al menos, un mes la explanada de la calle Punta Umbría, junto Hospital Quirónsalud. Hace más de tres años, se adueñaron de la zona de aparcamientos de la antigua estación de tren.
La actividad de los gorrillas no es nueva. Aprovechan su situación de vulnerabilidad y la insuficiente presencia policial para ejercer una práctica ilegal. Los vecinos del barrio Nuevo Molino llevan años sufriendo episodios de inseguridad: un mes antes de las elecciones municipales se llegaron a contabilizar hasta 13 gorrillas que intimidaban a los vecinos, protagonizando peleas, robos y ataques a vehículos. La alcaldesa, Pilar Miranda, se comprometió en esa fecha (aún como candidata a la alcaldía) a hacer frente a estos “vigilantes” de los aparcamientos públicos y a hacer cumplir la Ordenanza Municipal de 2010.
Compromiso institucional
El Ayuntamiento dio un paso más en enero de 2025, cuando aprobó —con los votos a favor de Vox, PP y PSOE— una propuesta del equipo de Wenceslao Font para “analizar barrio por barrio la posible conflictividad provocada por la presencia de gorrillas; aumentar el control y el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento”. Las instituciones deben velar por la libertad de los ciudadanos, también en una vía pública construida y mantenida con los impuestos de los vecinos.