Por El PSOE, Juventudes Socialistas y el grupo LGTB de Huelva han mostrado su rechazo y repulsa a los ataques que cuentan con el agravante social de poseer un trasfondo homofóbico que están sufriendo muchos jóvenes en este país. En este sentido, la vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, incidió en la necesidad inminente de “reforzar esos valores dentro de las aulas como medio de prevención, la educación es fundamental para conseguir una sociedad igualitaria y de respeto hacia otra persona”.
En esta misma línea, el secretario general de Juventudes Socialistas de Huelva, Sebastián Pérez Coronel, abogó por la puesta en marcha de medidas y un protocolo de actuación para evitar este tipo de situaciones que, además, están sucediendo cada vez en edades más tempranas.
Por su parte, el coordinador del grupo LGTB, Ángel Elías Díaz, subrayó que “actualmente las agresiones han proliferado alarmantemente. Concretamente, la última semana recibíamos el dato estadístico que anunciaba un incremento constatado en 2015 de casi un 75% en el acoso escolar, siendo víctimas 7 de cada 10 menores, según la fundación ANAR”.
“Unas cifras –incidió Ángel Elías Díaz- que se relacionan con las agresiones homófobas ineludiblemente, pues son casos de acoso fuera de las aulas que se llevan a cabo por el simple hecho de que las víctimas tienen como denominador común una orientación sexual específica”. Por esta razón, “es necesario que se articulen medidas de actuación, atención a las víctimas y, ante todo, prevenir desde edades tempranas”.
Según el coordinador del LGTB de Huelva, tal como constata la asociación Arcópolis, se tiene conocimiento de siete denuncias de agresiones distintas en la zona de la misma índole, y de 52 en total en la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero hasta el mes de abril. Por lo que reiteró “la necesidad acuciante de implementar protocolos de actuación así como una revisión de la ley penal para la inclusión de los delitos de odio”.
Asimismo, el grupo LGTB de Huelva manifestó su descontento con las actuaciones por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid así como de la Delegación de Gobierno, que tras siete agresiones constatadas se limitan a otorgar una reunión para tratar la cuestión. Lo que ha sucedido reiteradas veces en Madrid es el hecho visible que ocurre en el resto de España, “es un problema nacional que el Partido Popular nunca ha llevado ni ha tenido intención de elevar al Congreso de los Diputados. No hace ni un año que reformaron el Código Penal, sin que los delitos relativos a las lesiones y otras formas de agresión se orientasen a perseguir mediante la adecuada política criminal un problema social que a día de hoy es visible y constante”.
