El Coordinador Provincial de Izquierda Unida de la provincia de Huelva, Marcos Toti, ha presentado alguna de las líneas del programa electoral de Sumar de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio y ha dado a conocer una iniciativa al pleno de Diputación en este sentido, pidiendo por un lado que se haga cumplir por parte de la Junta de Andalucía la Ley de Cadena Alimentaria que garantizaría precios justos a los agricultores y ganaderos de la provincia tal y como reclaman las asociaciones agracias y por otro, un posicionamiento acerca de los tratados de libre comercio aprobados en Europa y que perjudican al sector primario onubense permitiendo parámetros de calidad más bajos en los productos lo que supone una “competencia desleal” para el sector agropecuario onubense.
Según ha expresado Toti, “tras casi dos años desde la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, la Junta de Andalucía sigue sin aplicarla de forma efectiva, situándonos como una de las comunidades autónomas del país en relación con su población con menor número de expedientes y sanciones abiertos por incumplimientos de esta Ley”
Para Toti, esto ocasiona un grave perjuicio a los productores agrícolas y ganaderos de la provincia que siguen sufriendo prácticas abusivas por parte de grandes distribuidoras, viéndose forzados, en muchos casos, a vender sus productos por debajo del coste de producción, tal como han denunciado las principales organizaciones agrarias”.
Con esta “inacción” del gobierno andaluz se perpetúan situaciones como el abuso que sufren los productores de cerdo ibérico onubenses, sometidos al incumplimiento de los contratos por parte de la industria cárnica, que liquida importes muy inferiores a los acordados inicialmente”.
“Este abuso de precios ha provocado, por ejemplo, que el sector ganadero de producción láctea vacuna y caprina en Huelva haya perdido cuatro de cada cinco granjas desde el año 2015”, ha remarcado Toti.
Por ello, la moción que presenta para debatir en la Diputación Provincial de Huelva, insta a la Junta de Andalucía a garantizar unos “precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria.”
Del mismo modo pide instar al Consejo de la Unión Europea a que rechace los tratados de libre comercio que no garanticen normas idénticas en las importaciones evitando el dumping ambiental, laboral y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales entre la Unión Europea y terceros países y pide a la Unión Europea a desarrollar una Política Agraria Comunitaria que garantice la distribución de los fondos europeos en favor de las pequeñas y medianas explotaciones, así como que adecue la burocracia para que puedan acceder a las ayudas las pequeñas y medianas explotaciones.
Por último, insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que promueva un banco de tierras público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones y al Gobierno de España a que redacte y apruebe la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica donde los agricultores ganen independencia de las grandes empresas de pesticidas, fertilizantes y semillas reduciendo costes económicos y contaminantes.
MOCIÓN EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA SOCIAL Y FAMILIAR
Exposición de motivos
La movilización del mundo rural merece toda la atención y el compromiso de las administraciones de aportar soluciones. España vive una oleada de protestas que expresan la desesperación del mundo rural por la lenta agonía del modelo agrícola social y profesional.
Mientras nuestro país es una potencia mundial en exportaciones y las cuentas de beneficios de la agroindustria siguen aumentando, las pequeñas y medianas explotaciones, que arraigan la población al territorio y fomentan la soberanía alimentaria, se hallan en una paulatina desaparición.
Entre el 2003 y 2015, en el marco de anteriores programas de la Política Agraria común (PAC), el número de explotaciones agrícolas en la Unión Europea (UE) disminuyó de unos 15 a 10 millones (-32%), siendo el descenso más acusado entre las pequeñas explotaciones (<5 ha; -38%), y moderado entre las medianas (5-19 ha, 20-49 ha; 17% y 12%, respectivamente), mientras que, por el contrario, el número de grandes explotaciones (>50 ha) aumentó un 7%.
La crisis del modelo social de explotaciones agrarias tiene causas estructurales derivadas de la aplicación de políticas agrarias y comerciales liberalizadoras en un mercado con un alto componente especulativo. Estas políticas neoliberales han supuesto la expansión de la agroindustria en detrimento de la agricultura social y la progresiva concentración de la propiedad de la tierra. Cada vez son menos las grandes empresas que suministran la mayor parte de los insumos agrícolas más caros, como semillas y pesticidas; de hecho, se estima que las mayores empresas de fertilizantes cuadriplicaron sus beneficios entre 2020 y 2022 a pesar de los altos precios del gas, por lo tanto, es necesario investigar los niveles de concentración en la cadena de suministro alimentaria a nivel europeo.
En este marco de relaciones las pequeñas y medianas explotaciones no pueden competir en los mercados globales ni tampoco las jóvenes generaciones pueden acceder a una tierra sobre la que también se especula: el modelo entra en crisis hacia su desaparición. Garantizar una redistribución más justa del valor en el sector agroalimentario y asegurar precios que cubran los costes de producción es urgente.
A estas causas estructurales hay que sumar otras coyunturales de enorme impacto en el sector. En primer lugar, conflictos geopolíticos, como la guerra de Ucrania, y aumento de precios de los recursos energéticos están en la base del incremento del coste de los insumos. La rentabilidad de las explotaciones se hace así más complicada.
En segundo lugar, hay que añadir la pertinaz sequía que asola nuestro país consecuencia del cambio climático antropogénico. En 2023 se han perdido aproximadamente entre un 80% y 90% de cosecha de cereal, entre un 50% y 60% menos de aceituna y entre un 50% y 70% menos de almendra. La crisis climática trae aparejada pertinaz sequía y también fenómenos meteorológicos como el granizo, lluvias torrenciales e incendios que han elevado el número de siniestros en el campo con récord de indemnizaciones.
La expansión de la agroindustria y la liberalización del mercado condicionan fuertemente el ecosistema planetario ya que juegan un papel fundamental en el sostenimiento de la vida en general y de la humanidad en particular. El sistema agroindustrial globalizado se sustenta en prácticas altamente dañinas para el medioambiente. Cinco de los nueve límites planetarios están directamente relacionados con este sistema agroalimentario: la interferencia en el ciclo del nitrógeno y el fósforo; el uso y la contaminación del agua; el uso y degradación de los suelos; el cambio climático; y la pérdida de biodiversidad. Hay que articular una transición agroecológica justa porque es la manera de hacer frente a la crisis climática y energética, garantizar una dieta saludable y nutritiva a la población, y reforzar el papel de los agricultores y ganaderos profesionales de pequeñas y medianas explotaciones.
En Andalucía esta situación se agrava por el escaso desarrollo de las medidas para garantizar la aplicación de La ley 16/2021, de 14 de diciembre, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Tras casi dos años desde la aprobación de esta ley la Junta de Andalucía sigue sin aplicarla de forma efectiva, situándonos como una de las comunidades autónomas del país en relación con su población con menor número de expedientes y sanciones abiertos por incumplimientos de esta Ley. Con su inacción, el Gobierno andaluz mantiene congelada una ley `de precios justos´, que permite proteger a los productores agrarios de la venta a pérdidas y exige transparencia en los contratos para limitar la especulación de intermediarios y grandes superficies. Ello ocasiona un grave perjuicio a los productores agrícolas y ganaderos, una de las joyas de la economía andaluza, que siguen sufriendo prácticas abusivas por parte de grandes distribuidoras, viéndose forzados, en muchos casos, a vender sus productos por debajo del coste de producción, tal como han denunciado las principales organizaciones agrarias.
Esta situación es especialmente crítica para los pequeños y medianos productores agrarios, más vulnerables al creciente encarecimiento de los costes de producción, sequía y especulación de intermediarios y grandes distribuidoras. Con esta inacción del gobierno andaluz se perpetúan situaciones como el abuso que sufren los productores de cerdo ibérico onubenses, sometidos al incumplimiento de los contratos por parte de la industria cárnica, que liquida importes muy inferiores a los acordados inicialmente. También, los abusos que han sufrido los productores de leche en Huelva, que siguen obligados a vender a precios que hacen insostenibles nuestras pequeñas y medianas granjas. Este abuso de precios ha provocado, por ejemplo, que el sector ganadero de producción láctea vacuna y caprina en Huelva haya perdido cuatro de cada cinco granjas desde el año 2015 y otras situaciones como la del pepino en Almería, denunciada por las organizaciones agrarias, que han alertado del incumplimiento de la prohibición de la venta a pérdidas determinada por la Ley de Cadena Alimentaria, obligando a los productores a vender a 30 céntimos un producto que anteriormente se vendía a 90 céntimos
En definitiva, nuestro país ha de transitar hacia un modelo de agricultura social y profesional que arraigue a la población al territorio; proteja el futuro de nuestra agricultura y nuestros agricultores, y la salud de las personas consumidoras; y garantice unos precios y prácticas justas que permita una vida digna; promueva unas prácticas que favorezcan la retención del agua y la mejora de la salud de los suelos, así como la restauración de la naturaleza; y asegure la soberanía alimentaria que no es, ni más ni menos, que el derecho a decidir nuestra política en materia de alimentos por encima de los intereses de la agroindustria.
Por todo ello, proponemos al Pleno de la Diputación Provincial de Huelva la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. Instar a la Junta de Andalucía a que garantice unos precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria.
SEGUNDO. Instar al Consejo de la Unión Europea a que rechace los tratados de libre comercio que no garanticen normas idénticas en las importaciones evitando el dumping ambiental, laboral y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales entre la Unión Europea y terceros países.
TERCERO. Instar a la Unión Europea a desarrollar una Política Agraria Comunitaria que garantice la distribución de los fondos europeos en favor de las pequeñas y medianas explotaciones, así como que adecue la burocracia para que puedan acceder a las ayudas las pequeñas y medianas explotaciones.
CUARTO. Instar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que promueva un banco de tierras público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones.
QUINTO. Instar al Gobierno de España a que redacte y apruebe la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica donde los agricultores ganen independencia de las grandes empresas de pesticidas, fertilizantes y semillas reduciendo costes económicos y contaminantes.
SEXTO. Trasladar estos acuerdos al Consejo de la Unión Europea, al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía.