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En el día internacional de las mujeres, y cuando se cumplen cinco meses de la ofensiva de Israel sobre Gaza, denunciamos la violencia extrema a la que se ven sometidas mujeres y niñas en los conflictos armados. De las cerca de 30.000 personas asesinadas en la Franja en este periodo, más del 70% eran mujeres y menores. Desde el 7 de octubre, dos madres mueren cada hora a causa de los ataques en Gaza, de acuerdo con el informe de ONU Mujeres Alerta de género: el impacto de género en la crisis en Gaza.
Ellas son también las que más sufren las consecuencias del desplazamiento masivo forzado al sur de la Franja: obligadas a parir en la calle, sin productos menstruales, más expuestas a la violencia sexual o con la carga de cuidados multiplicada por la atención a la infancia, personas mayores y heridas. Debido a la falta de ingresos cuando quedan como cabezas de familia, en mucho casos el matrimonio de niñas puede ser visto como una solución. Además, la hambruna que acecha Gaza incide especialmente en las mujeres y niñas, que tienden a ceder la comida disponible a otros miembros de su familia, y eso supone un riesgo vital para las mujeres embarazadas y las madres lactantes.
Las mujeres gazatíes «están extenuadas. Es una sobrecarga inmensa que les está creando un profundo estrés e incrementando su vulnerabilidad», menciona la directora ejecutiva del comité español de la UNRWA, Raquel Martí, en relación al impacto en la salud mental de mujeres y niñas palestinas.
España debe promover el alto el fuego permanente en Gaza y poner fin de manera urgente al comercio de armas con Israel. Pese a las afirmaciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en noviembre España vendió armas a Israel por valor de un millón de euros, siendo el país europeo que más armas exportó a Israel durante ese mes, en concreto el 52% del total. La investigación del Centre Delàs que lo expone también señala que, además de venderlas, España no ha dejado de comprarlas desde el inicio de la ofensiva israelí, y en proporciones mucho mayores: solo en un contrato firmado en noviembre, España compró misiles israelíes Spike LR2 por 287,5 millones de euros.
Naciones Unidas calcula que el número de mujeres y niñas en contextos de conflicto ha aumentado un 50% de 2017 a 2022, cuando alcanzó los 614 millones. La violencia sexual contra ellas como arma de guerra causa estragos en numerosos territorios en guerra, con ejemplos como el de República Democrática del Congo, donde tras décadas de conflicto se estima que cerca de medio millón han sido violadas. A este extremo también se enfrentan las niñas soldado; el reclutamiento de menores para el combate en todo el mundo se triplicó en las últimas tres décadas, según cálculos de Amnistía Internacional, que destaca que las niñas, además de ser portadoras de armas, también son reclutadas como esclavas sexuales, para matrimonios forzados o dadas como trofeos u objetos entre los combatientes.
Es necesario analizar qué hay detrás de conflictos armados que generan consecuencias tan graves para quienes parte de una situación más vulnerable, mujeres y menores. En el caso de República Democrática del Congo, el control de los recursos minerales imprescindibles para un modelo de desarrollo basado en el consumo. Las causas de todos los conflictos armados tienen que ver con el poder. Debemos apostar por un modelo de desarrollo feminista, que respete los límites físicos del planea y los derechos de las personas, un desarrollo que ponga la vida en el centro. De ahí que la ONGD apostemos por la Educación para la Ciudadanía Global, para fomentar una cultura de paz, basada en la generación de pensamiento crítico y compromiso social, desde una mirada cada vez más feminista para verdaderamente «no dejar a nadie atrás».
El papel de las mujeres en la resolución de conflictos
La Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas es una herramienta fundamental para la resolución de conflictos como el de Gaza. A través de la Resolución 1325 se ha conseguido generar conciencia y consenso general sobre la perspectiva de género como elemento esencial para contribuir a la paz y la seguridad internacional. Este texto (y las nueve resoluciones posteriores que la complementan) promueve, junto con la protección de las mujeres y las niñas frente a la violencia de género en conflicto y post-conflicto, la participación efectiva y significativa de las mujeres en todas las etapas de la prevención y la solución de los conflictos, así como en la construcción y consolidación de la paz, subrayando que el liderazgo de las mujeres es imprescindible para lograr una paz duradera.
Sin embargo, en las rondas para la resolución de conflictos internacionales desde 1992 sólo ha habido un 13% de mujeres. Y si han sido pocas negociando, han sido menos -solo un 6%- en la firma de los acuerdos de paz, según los datos que maneja la ONU.
En este marco, España acaba de cerrar el II Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad (2017-2023). En la puesta en marcha del tercer plan resulta imprescindible que vaya aparejado de un aumento del presupuesto para garantizar el compromiso internacional.
De manera amplia, estamos ante un momento crucial para el desarrollo de una acción internacional con perspectiva de género; junto al plan señalado se pueden citar el necesario cumplimiento de herramientas como el Plan de Acción para la Política Exterior Feminista 2023-2024 y de las prioridades feministas incluidas en la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global.
Esta acción internacional es más que necesaria a la luz de la revisión de la igualdad de género en el cumplimiento de la Agenda 2030. El informe de Naciones Unidas El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2023 advierte de que, si se mantienen las tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas —alrededor del 8% de la población femenina mundial— vivirán en la pobreza extrema en 2030, y cerca de una de cada cuatro experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave. La brecha de género en los puestos de poder y liderazgo sigue estando muy arraigada y, al ritmo actual de progreso, la próxima generación de mujeres seguirá dedicando una media de 2,3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.
Retrocesos en el marco del avance de la ultraderecha
Durante los últimos años presenciamos un visible movimiento contra la igualdad de género en todo el mundo que amenaza los derechos humanos que tanto ha costado conseguir, incluidos los derechos reproductivos, la protección contra la violencia de género y el financiamiento de los servicios para las mujeres. El ascenso al poder de los partidos de derecha y ultraderecha en muchos países implica a menudo un desafío y una regresión de los derechos y las políticas de igualdad de género. Los Gobiernos hostiles desacreditan cada vez más la igualdad de género como objetivo de la política pública y se oponen o dejan de lado a las/os defensoras/es de esos derechos.
La limitación del derecho al aborto ha aumentado con los gobiernos conservadores de Polonia (que lo considera inconstitucional en el supuesto de malformación grave del feto); Hungría (que exige escuchar el «latido fetal» a las mujeres que quieren someterse a un aborto); o, más recientemente, Argentina. Un grupo de diputados del partido del presidente argentino, Javier Milei, La Libertad Avanza, ha presentado un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que busca reformar el Código Penal y propone prisión para las mujeres que decidan practicarse un aborto y quienes participen en dicha intervención, contemplando la inhabilitación para el personal médico.
Alrededor del 45% de los abortos son inseguros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la mayoría se realiza en países de bajos ingresos. En esos lugares, las restricciones legales, el estigma y los problemas de los sistemas sanitarios obligan a las mujeres a arriesgarse a recibir una atención no segura. Cada año, 6,2 millones de mujeres en diferentes países del continente africano recurren a un aborto inseguro.
El retroceso en los avances hacia la igualdad también se hace palpable en las comunidades autónomas en España con gobiernos conservadores. En Andalucía, el Gobierno ha recortado la Ley de Igualdad para esquivar la fiscalización obligatoria de la perspectiva de género, eliminando la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos, las auditorías de género a los entes públicos y el informe de género de la Cámara de Cuentas a sus presupuestos.
