El Real Decreto-ley que prórroga hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de los autónomos entra en vigor este miércoles tras su publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Ambas medidas tendrán un coste cercano a los 7.000 millones de euros, de los que 5.000 millones corresponden a la extensión de los ERTE y unos 2.000 millones a la prórroga de la prestación de autónomos.
La nueva prórroga de los ERTE mantiene básicamente el mismo esquema de protección a empresas y trabajadores de la anterior prórroga, aunque simplifica los trámites para extenderlos en el tiempo, de forma que no se necesitarán nuevas autorizaciones administrativas.
El esquema que estará en vigor hasta el 31 de mayo contempla el mantenimiento de las tres modalidades de ERTE actuales: los destinadas a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación, los dos últimos pensados para restricciones administrativas temporales adoptadas como medida de freno a los contagios de Covid.
En los ERTE por impedimento, a los que pueden acogerse empresas de cualquier sector o actividad, las exoneraciones serán del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tengan más de 50 empleados en plantilla.
Gracias a la simplificación de los trámites, las empresas que sean titulares de un ERTE por impedimento o por limitación, autorizado antes o durante la vigencia de esta norma, no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la autoridad laboral para pasar de uno a otro. Bastará con que remitan una comunicación.
La prórroga mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo en su actual redacción, de forma que las empresas que reciban exoneraciones de cuotas quedarán comprometidas a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo.









