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La organización agraria Asaja-Huelva ha presentado una nueva batería de alegaciones al borrador de las bases reguladoras de las Ayudas de Prevención de Incendios Forestales por considerar que no se adapta en absoluto a la realidad existente en el campo. Para la patronal, la normativa que rija esta convocatoria debería ser un instrumento de fácil cumplimiento para las explotaciones, que ya cargan con el coste que supone la ejecución de las medidas de prevención de incendios forestales, y no establecer nuevas trabas que afectarían no sólo a la capacidad de los propietarios de terrenos forestales de realizar estos trabajos, sino también al entorno que en teoría se pretende proteger del fuego.
Uno de los puntos que deben corregirse sin vacilación es la condición de que las explotaciones de más de 400 hectáreas y menos de 1000 cuenten con un Plan Técnico de Ordenación de Montes (PTO), algo que es totalmente voluntario, por lo que no se entiende que la Junta anteponga este documento al que verdaderamente es de obligado cumplimiento y está regulado legalmente, que es el Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPIF). Para Asaja-Huelva, es hasta cierto punto inconstitucional privar a los titulares que tienen aprobados sus Planes de Prevención de Incendios conforme a la Ley por una presunta imposición de Bruselas, según alega la Consejería de Medio Ambiente, lo que supone una nueva muestra de la incapacidad de la Junta a la hora de defender los intereses de sus administrados frente a instituciones que establecen sus condiciones sin conocer las particularidades de cada región.
Asaja-Huelva entiende y comparte que se premie con una mayor puntuación a aquellos titulares que hayan hecho el esfuerzo económico de redactar sus PTO, pero no que sea una condición excluyente para los titulares de fincas mayores de 400 ha que tengan su PPIF en vigor como establece la Ley, algo que es responsabilidad de la Consejería transmitir y hacer comprender a la Comisión Europea.
Al hilo de esta falta de interés o de la incapacidad de la Junta por adaptar sus normativas a la realidad de los sectores agroforestales de Andalucía, para la patronal resulta inconcebible que el borrador reduzca de cinco a un solo punto el hecho de pertenecer a una Agrupación de Defensa Forestal (ADF). Para Asaja este es un criterio muy importante ya que no sólo premia la implicación del titular en la conservación de su entorno, sino que además supone un acicate para que las ADF sigan creciendo y con ellas, la labor que realizan. La constitución de ADFs ha sido un movimiento muy importante en Andalucía, y muy especialmente en Huelva. La implicación de los titulares ha sido encomiable y no dejan de formarse nuevas ADFs y de adherirse más y más propietarios, y la administración andaluza, en lugar de premiar e impulsar este compromiso, lo ningunea, un compromiso que además puede ser acreditado mediante firma del secretario de la ADF aunque el borrador no contemple certificado para este fin.
Tampoco está de acuerdo la patronal con el hecho de que la Junta exija a los titulares contar con una cuenta bancaria única para el pago y la justificación de la ayuda, algo que es totalmente inviable, como también lo es para muchos titulares externalizar los trabajos contemplados en la línea de ayudas, algo a lo que se verían obligados al eliminar la Consejería la posibilidad de justificar los trabajos realizados con medios propios.
Para Asaja-Huelva, la desaparición de esta posibilidad, presente en convocatorias anteriores, es simplemente inadmisible, obliga al titular a mentir en lugar de evitar el fraude, que es lo que en teoría se pretende o a prescindir de unos medios con los que cuenta y contratar a empresas o personas externas sólo para poder justificar algo que podría hacer por sí mismo, algo que, por cierto, es la situación más común en la provincia de Huelva y que, nuevamente, la Junta de Andalucía ignora o pasa deliberadamente por alto en una muestra más de su falta de interés por conciliar las normativas con la realidad de los sectores que han de regular.
