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El presidente y secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo y Gabriel del Pozo, el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, el secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, ,  y la secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi (SME), Mabel Arciniega, han participado este miércoles en una rueda de prensa en la que han mostrado la unión de todos los sindicatos médicos profesionales para reclamar tanto una categoría específica para el personal médico como la total recuperación de la paga extra recortada hace más de una década.

Las últimas informaciones publicadas respecto a una posible revisión de los grupos de clasificación recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) han acuciado la urgencia de recordar una reivindicación que los sindicatos llevan tiempo poniendo sobre la mesa -sin ir más lejos, en la última comparecencia de las cuatro organizaciones médicas en noviembre de 2022-, y es la necesidad no solo de un estatuto específico para el personal facultativo, sino de que se articule una categoría para el colectivo médico diferenciada y superior, todo ello sobre la base de la formación y la responsabilidad que el ejercicio de la profesión supone. «Estamos en una crisis profesional y el médico necesita reconocimiento, y el grupo de clasificación específica es mucho más que el aspecto retributivo», introducía Tomás Toranzo, presidente de CESM.

En este sentido, y así se lo han hecho llegar tanto a la ministra de Sanidad, Mónica García, como al competente en la materia, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, han solicitado que se modifique la disposición transitoria tercera del EBEP, donde figuran los diferentes grupos de clasificación profesional, para que el médico pueda contar con una categoría diferente del actual grupo A1. Esta reclamación se sustenta en que, según la normativa actual, los licenciados y graduados en Medicina (360 ECTS frente a los 240 de la mayoría del resto de Grados)  acreditan su titulación con un nivel Máster que se corresponde con un Grado 3 MECES nacional y un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF), una categoría que está limitada a determinados grupos profesionales por el número de créditos necesarios para su formación y la responsabilidad que conlleva el desempeño de sus funciones en el Sistema Nacional de Salud.

Así lo ha explicado el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, al afirmar que «la reconfiguración de los grupos profesionales que recoge el EBEP en base al Plan Bolonia se debería haber hecho hace casi 10 años». El médico pasa por «seis años de carrera, más un año de estudio (casi de encierro monacal) para hacer frente a unas oposiciones durísimas y cuatro o cinco años más de formación especializada, con jornadas semanales de 50, 60 o 70 horas. El reconocimiento debe estar a la altura de dicha exigencia formativa y sacrificio personal», aseguraba.

En esta línea de formación y competencias, los sindicatos admiten que resulta incuestionable que si un colectivo cumple con los requisitos para estar en determinada categoría profesional se le debe reconocer así, pero igual de incuestionable es que si el colectivo médico asume otra serie de condicionantes formativos y de responsabilidad diferentes a los del resto de profesiones sanitarias reguladas puede reclamar un encuadre distinto del actual A1, ya que es una manera también de incentivar a quienes han decidido emplear 11 años de su vida en formarse que sus condiciones laborales y retributivas sean proporcionales a su esfuerzo, capacitación y responsabilidad.

Aparejada con esta necesidad está la preocupación con el traslado de competencias que son exclusivas de los profesionales médicos a otras categorías profesionales. En los últimos años estamos viendo cómo, ante la ausencia de facultativos en determinados puestos del SNS, se recurre a otros perfiles profesionales para asumir funciones que son exclusivas del colectivo médico, según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), lo cual, incluso en los casos en que pueda hacerse al amparo de una normativa legal promulgada ad hoc representa un fraude para los ciudadanos y un riesgo para la calidad asistencial, como así denuncian unánimemente los cuatro sindicatos. Son los propios colectivos a los que se les pide que exploren, diagnostiquen y propongan fármacos sujetos a prescripción médica los que reconocen que no están amparados ni preparados para ello.

En este sentido, el presidente del SMA, Rafael Ojeda, afirmaba que por la crisis que está atravesando el SNS por la falta de facultativos «es urgente abordar una reforma que reconozca el papel específico del médico en el sistema sanitario. En lugar de avanzar en esa dirección, la Administración ha optado por asignar funciones de los médicos a Enfermería a través de consultas que atienden problemas de salud teóricamente leves (Gestión de la demanda aguda en Cataluña, Consulta de Patología Leve Aguda en el País Vasco, Consulta de Acogida en Andalucía). Cada vez más Centros de AP son atendidos solo por enfermeros/as. Cada vez más unidades móviles salen a atender urgencias sin médico. Relegar a los médicos a un segundo plano asignando las funciones específicas de su profesión a otros colectivos solo agravará la crisis actual de la sanidad pública».

Recuperación de la paga extra

Por otro lado, las organizaciones representantes de los facultativos de todo el Estado siguen reclamando que se subsane el agravio que se mantiene, más de una década después, respecto al recorte de la paga extra que se produjo en 2010. El entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, un recorte a los sueldos de los funcionarios que se produjo de manera progresiva.

Sin embargo, en los últimos años, las pequeñas recuperaciones que se han producido han sido lineales, de manera que los médicos siguen siendo especialmente perjudicados, puesto que todavía no han podido recuperar la cuantía total de esa paga que permita reducir la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido, añadido al encarecimiento del coste de la vida. Por ponerlo en cifras, «a los facultativos se nos recortó un 10% respecto a un 0,5% de los operarios de servicios o celadores, y como las subidas han sido lineales, es decir, igual para todos, seguimos siendo el colectivo más agraviado, con una pérdida desde 2010 de entre 16.000 y 18.000 euros por facultativo», señalaba Mabel Arciniega, secretaria general del SME.

Este agravio ha sido manifestado por CESM a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados solicitando reuniones y a los diferentes ministros competentes, y así figuraba entre los motivos que llevaron a convocar la huelga que se mantiene suspendida.

Por todo lo anterior, los responsables de todos los sindicatos médicos han reclamado que se inicie una negociación de forma inmediata con los ministerios implicados y que se retome el proceso de modificación del Estatuto Marco para poder recoger la especificidad del médico, unas reuniones que quedaron suspendidas por la convocatoria de elecciones generales el pasado mes de julio y que no se han vuelto a convocar. «Es inadmisible que no estemos en el lugar en que nos corresponde por la formación y responsabilidad que tenemos, y nuestras competencias no deben derivarse a otros colectivos porque el médico solo puede ser sustituido por otro médico. Son problemas de tal importancia que promueven esta unión sindical para reclamar soluciones a la Administración», sentenciaba Gabriel del Pozo, secretario general de CESM.

En el acto han estado presentes además el secretario general del SMA, Ángel Tocino, el presidente del SME, Juan Carlos Blázquez, el vicesecretario general de MC, David Arribas, y secretarios generales de los distintos sindicatos autonómicos confederados en CESM.

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