Por El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la Proposición de Ley del Grupo Popular para que, tras más de 20 años de reclamaciones, “se haga justicia de una vez por todas con los afectados por el Plan Almonte-Marismas”. Así lo ha señalado el presidente del PP de Huelva y portavoz de Agricultura del Grupo Popular, que ha sido el encargado de proponer y defender este texto legislativo que será de obligado cumplimiento para el Gobierno andaluz. La Proposición de Ley ha salido adelante con el voto favorable de PP, Podemos, e IU. Ciudadanos se ha abstenido y el PSOE ha votado en contra del PSOE.
González se ha felicitado por esta “buena noticia” para los centenares de afectados del Plan Almonte-Marismas, afectados que han estado representados hoy en el Parlamento por una amplia representación del colectivo, son su portavoz, Juan Gamero, a la cabeza. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, también ha expresado personalmente su satisfacción por la aprobación de esta Ley que demuestra el compromiso del PP con los afectados.
“Un primer paso importantísimo”
Javier de Vega, del despacho de abogados DE VEGA & Asociados, que representa a los más de 300 colonos y cooperativistas afectados por elegir abandonar sus tierras de cultivo, ha afirmado que “por fin se ha dado un paso muy importante después de casi 20 años de lucha”, por lo que ha considerado una “magnífica noticia” la aprobación de la Proposición de Ley en el Parlamento. De Vega ha señalado que “hemos tenido que recurrir a todas las instancias para encontrar una solución consensuada con la Administración, y nunca hemos podido”.
El letrado ha recordado que con anterioridad “ha habido proposiciones no de ley en el Parlamento instando a la Junta a que se busque una solución, pero la Administración siempre ha hecho caso omiso”.
Con todo, De Vega ha asegurado que los afectados están “muy esperanzados” con este nuevo escenario que se abre con la Comisión de Trabajo para la tramitación de la ley.
Asimismo, el letrado ha agradecido la voluntad política, especialmente la del PP-A que ha propuesto la iniciativa y de los partidos Podemos e IU, que han apoyado la misma, para hacer real el principio del desbloqueo de esta situación.
“Se hace justicia”
En la misma línea, el presidente del PP onubensre y portavoz de Agricultura del grupo parlamentario ‘popular’, Manuel Andrés González, ha subrayado que “ya era hora de que se hiciera justicia tras con estas personas tras 21 años de lucha y de reclamaciones ante la Junta de Andalucía, administración que hace 21 años les engañó y, desde entonces, les ha venido dando la espalda”.
La Ley aprobada hoy por el Parlamento, ha destacado el popular, “tendrá carácter ejecutivo y vinculante y propone la creación de una Comisión de Trabajo que ponga fin a esta problemática en un plazo máximo de tres meses”.
González ha recordado que el PP ha sido “el único partido que desde siempre ha apostado por dar una solución a este problema que se remonta ya a hace más de dos décadas” y ha agradecido el apoyo mostrado hoy por el resto de grupos que ha permitido la aprobación de la Ley. Sobre el voto en contra del PSOE, González ha indicado que “nuevamente, el PSOE da la espalda a los onubenses y, lo que es peor, pretendía alargar en el tiempo la injusticia que cometió hace más de 20 años”. Así, ha explicado que “desde 1997 los cooperativistas vienen reivindicando al Gobierno andaluz algo que es justo: la creación de una comisión que evalué los perjuicios que se le ocasionó a estas personas”.
Unos perjuicios, ha indicado González, que llegaron “por hacer lo que, precisamente, les pidió la Junta que hicieran: levantarse de unas tierras de cultivo que poseían en los subsectores II-13, II-14 y II-16 de este Plan Almonte-Marismas”. Sin embargo, “hasta hoy estos cooperativistas seguían esperando esta reparación”.
González ha explicado que “los agricultores que optaron por la retirada de las tierras vienen denunciado desde hace años que las condiciones pactadas inicialmente fueron modificadas en beneficio de aquellos que decidieron seguir con la actividad y, por tanto, en perjuicio de los que aceptaron dejar los cultivos para preservar el Espacio Natural de Doñana”.
Así, ha recordado que “una vez que el colectivo de agricultores optó por la retirada de los cultivos, la Junta de Andalucía permitió el acceso a la propiedad al resto de concesionarios en condiciones más ventajosas a la pactadas, por lo que ha subrayado que de haber sabido esto, los agricultores que optaron por la retirada también hubieran elegido permanecer allí”.
De ahí, la importancia de la Ley propuesta por el PP y aprobada hoy, que marca un plazo máximo de resolución de tres meses para este problema de tres meses. En esa propuesta se pide la creación de una Comisión de Trabajo que dé una salida justa a los cooperativistas, y de la que formen parte los partidos con representación parlamentaria, el Gobierno andaluz y “como no puede ser de otra forma, también los afectados”.
