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NOTICIAS
4
Jul
2016
Diputación

Moción para impulsar la titularidad compartida en las explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia

Teleonuba | Provincia | 14:26 pm

Impulsar la titularidad compartida entre hombres y mujeres en las explotaciones agrarias y ganaderas es el objetivo de una de las tres mociones que el grupo socialista presenta al Pleno ordinario de la Diputación de Huelva que se celebrará el próximo miércoles, 6 de julio. Los socialistas también llevan a Pleno otras dos iniciativas relativas a la defensa de los derechos de la Guardia Civil y solicitando al Gobierno en funciones del Partido Popular que informe y exponga a qué nuevos recortes sociales se ha comprometido el presidente Mariano Rajoy ante la Unión Europea una vez celebradas las Elecciones Generales.

En lo que será el último Pleno antes del parón estival, el grupo socialista presenta una moción instando a la administración competente a que desarrolle una línea de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social a las mujeres que se acojan al régimen de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Desde que se aprobó la ley en 2011, sobre la titularidad compartida, en España tan solo la han solicitado 179 explotaciones y cinco en Andalucía.

Para el portavoz del equipo de gobierno, José Luis Ramos, “las mujeres han realizado un trabajo invisible a lo largo de los años en las explotaciones agrarias y ganaderas, compartiendo esa labor con la crianza de sus hijos, del resto de familiares y de las tareas domésticas”. Para el portavoz, “es fundamental la adopción de medidas que incentiven y faciliten que las mujeres sean cotitulares de las explotaciones familiares”.

Por eso, en la moción se insta a la administración competente a eliminar el tramo de edad de la persona beneficiaria de esa línea de bonificación, que actualmente es hasta las 40 años, y a realizar campañas de información sobre cómo acogerse a solicitar esta titularidad compartida y cuáles son los beneficios que aportará a las titulares acogerse al registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias y ganaderas.

En la segunda de las mociones, el grupo socialista insta al Gobierno de la nación en funciones a que convoque la VI Conferencia de Presidentes a fin de que dé cuenta de los recortes contemplados en la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 y los compromisos que el actual presidente del Gobierno en funciones ha adquirido ante la Comisión Europea, que limitan o determinan las políticas económicas y presupuestarias de los gobiernos de las comunidades autónomas.

Según recoge el texto de la moción, el Gobierno en funciones ha presentado a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 y el Programa Nacional de Reformas 2016, sin dar cuenta de las medidas y recortes previstos en ellos al Congreso de los Diputados ni las comunidades autónomas ni corporaciones locales, y por supuesto ocultándolo a la ciudadanía y comprometiendo medidas con Europa que condicionan al futuro Gobierno, que limitan la autonomía de las comunidades autónomas y que supondrán nuevos sacrificios para la ciudadanía.

En la tercera de las mociones, los socialistas quieren reconocer la labor que desarrolla la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad del Estado para garantizar la protección de los ciudadanos, el cumplimiento de las leyes y la defensa del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por eso, en la iniciativa se manifiesta el rechazo a la utilización del régimen disciplinario para impedir que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil puedan defender sus derechos y puedan trasladar sus demandas a las instituciones democráticas.

La Diputación insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste el Gobierno central a derogar el nuevo Código Penal Militar que entró en vigor el pasado 15 de enero de 2016, e impulsar la aprobación y aplicación de un nuevo texto legal para los guardias civiles en su quehacer cotidiano como policías que recoja las necesidades y demandas de este Cuerpo de Seguridad del Estado; y que, a través del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil, en el ámbito de sus competencias, se paralice el uso de la potestad disciplinaria contra dirigentes de asociaciones de guardias civiles por ejercer su derecho de asociación profesional y su libertad de expresión.

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