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La Unidad de Policía Adscrita a la Junta inicia su campaña anual de detección de fraudes en escolarizaciones. Una labor que pretende con la actuación policial verificar que los datos de empradronamiento aportados por los padres y madres de los menores constituyen el domicilio real o laboral de los mismos o si por el contrario se incurre en algún tipo de fraude que pudiera dar lugar a una errónea asignación de puntos por parte de la administración a la hora de confeccionar el listado de alumnos admitidos en los diferentes centros educativos.
En ese sentido, en el curso académico 2019-2019, la Unidad de Policía Adscrita investigó un total de 306 casos denunciados como posibles irregularidades en el proceso de escolarización, de los cuales 32 resultaron ser empadronamientos fraudulentos y 16 correspondían al domicilio real aportado por familias en el proceso de matriculación del alumnado.
Con estas actuaciones se pretende evitar el grave perjuicio que se les causa a los padres cuyos hijos se quedan sin plaza en el centro educativo que les corresponde por residencia al ser ocupada por personas que han falseado los datos reales .
