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La Mesa de la Ría ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo incidente de ejecución en el que trata de evitar que el plan de Fertiberia de enterrar los fosfoyesos bajo una capa de tierra finalmente se lleve a cabo.
En su escrito, la Mesa de la Ría le plantea a la Audiencia cinco puntos que considera fundamentales para lograr este objetivo: en el primero de ellos, le solicita al tribunal que inste a Fertiberia a dar cumplimiento con carácter inmediato del Auto judicial que le obligaba a depositar un aval de 65,9 millones de euros para garantizar los trabajos de regeneración de la marisma. Desde Mesa de la Ría se argumenta que el hecho de que dicho Auto esté recurrido ante el Tribunal Supremo no exime de su ejecutoriedad. Asimismo, se pide a la Audiencia que embargue los bienes de la mercantil por dicho importe, de no dar cumplimiento a tal obligación en el plazo que la Sala le estipule.
En segundo lugar, la Mesa de la Ría pone de manifiesto mediante la aportación de un informe pericial elaborado al efecto, que el Proyecto de Fertiberia únicamente se ocupa de intervenir en 442 hectáreas sobre el total de 720 de las cuales fue objeto de concesión, dejando fuera la zona 4, donde se vertieron 30 millones de toneladas de fosfoyesos, con lo que solicita que se modifique el proyecto presentado de manera que se incluyan medidas de restauración para las 278 hectáreas que incomprensiblemente han sido excluidas y que están produciendo grandes filtraciones a la ría de Huelva, según investigaciones recientes de la Universidad de Huelva.
En tercer lugar, se acredita asimismo mediante dicho informe, que se han producido vertidos fuera de los límites de la concesión administrativa que obtuviera Fertiberia para depositar fosfoyesos, con lo que estos vertidos se encuentran de manera ilegal depositados en una zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre y por tanto protegida por la legislación urbanística y ambiental. La zona afectada abarca a un mínimo de 20,65 hectáreas, para las cuales se le solicita a la Audiencia que inste a Fertiberia a contemplar en su proyecto las actuaciones necesarias para restaurar dichas zonas.
El informe aportado por Mesa de la Ría señala una doble protección urbanística de la zona, la que establece la Ley de Costas y el PGOU de Huelva. Por otro lado, en relación con el proyecto de incompatibilidad urbanística elaborado por los técnicos municipales y aportado recientemente a la Audiencia, se pone de manifiesto ante el citado órgano judicial que el proyecto de Fertiberia, de resultar finalmente aprobado, sería a todas luces inejecutable, pues existe una causa legal que impide que pueda materializarse, ya que contradice la legislación urbanística que resulta de obligada aplicación. Sobre esta cuestión se pronuncia en sentido similar el informe pericial aportado por la Mesa de la Ría junto con su escrito.
Por último, se solicita al Tribunal que con carácter previo a la aprobación por la Sala del proyecto de Fertiberia, se inste a las Administraciones Central y Autonómica a que tramiten las respectivas autorizaciones ambientales con objeto de comprobar previamente la viabilidad jurídica, urbanística, ambiental y sanitaria de dicho proyecto, sin obviar las competencias tanto autonómica como municipales.
