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El Ministerio responde a las alegaciones del partido MRH, trasladando la respuesta de REPSOL: “El promotor responde que el desmantelamiento del resto de infraestructuras tendrá lugar en fases posteriores, quedando fuera del alcance de la presente evaluación ambiental”, obviando que la empresa considera en la propia documentación entregada al Ministerio que la retirada de los gaseoductos marinos “no requiere tramite ambiental” que la “desconexión de los umbilicales y tuberías de conexión forma parte de las actividades rutinarias de producción”, pese a que el propio documento expresa que el lecho marino está contaminado por metales pesados procedentes de los ríos Tinto y Odiel que pondrán enturbiar las aguas.

La deseable y necesaria eliminación de los gaseoductos no es una actividad “rutinaria de producción”. El desmantelamiento de las tuberías marinas debe ser evaluado ambientalmente, por los riesgos de accidentes, afecciones a las playas y vertidos en una zona tan sensible como las costas de Doñana desde donde fluyen todas las corrientes marinas y por la presencia directa de hábitats de interés comunitario marino del Golfo de Cádiz y de hábitats marinos y terrestres de gran vulnerabilidad que deben ser restaurados.

Frente a la alegación del colectivo en la que se demuestra que la obra no es completa, fracciona y excluye impactos ambientales, la declaración de Impacto Ambiental aprueba un proyecto que excluye el desmantelamiento de todas la instalaciones terrestres necesarias para el desarrollo del campo de gas «Poseidón, los gasoductos que discurren por lugares de interés comunitario y paraje Natural y Lugar de Interés Comunitario “Doñana Norte” y la propia instalación en tierra de tratamiento del gas natural, así como los gasoductos de conducción hasta conexión con la red nacional Huelva-Sevilla

La declaración de impacto publicada en el BOE además expresa erróneamente la ubicación de los pozos que los sitúa frente a las playas de la Antilla, cuando en realidad se ubican frente a la costa de Mazagón y la de Doñana. Por todo ello, Mesa de la Ría ha solicitado en el plan “Marco de Doñana” que el proyecto sea objeto también de una autorización ambiental unificada completa por parte de la Junta de Andalucía, toda vez el riesgo que va a tener para Doñana estas operaciones y habida cuenta de que la ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental obliga a que todas las operaciones de gas natural y sus instalaciones industriales anexas así como su clausura se sometan a dicho procedimiento de autorización completa, no fraccionada en un espacio tan sensible como Doñana.

Mesa de la Ría inició en 2013 una dura pugna en Bruselas contra los proyectos de gas en Doñana, denunciando no sólo los mediáticos de Naturgy – Gas Natural, sino también los que ya operaban en las costas y suelos del Espacio Natural como las instalaciones “Poseidón” de Repsol, lo que llevó al colectivo a reunirse en diciembre de 2018 con los Eurodiputados que visitaron el Parque Nacional de Doñana para evaluar los riesgos de su desecación así como los asociados a los proyectos de extracción, almacenamiento y transporte de gas natural en la zona, incluidos los de Repsol que ahora se clausuran.

Hay que recordar que la organización conoció la existencia de estas instalaciones cuando vecinos de la barriada del Matadero de Huelva alertaron del vertido de cientos de camiones cisterna de aguas geológicas contaminadas que se extraían junto al gas de estos pozos submarinos, en una arqueta de la ciudad conectada directamente con la depuradora municipal. Un vertido que, tras la recogida de firmas de vecinos, fue denunciado por la organización a la comisión europea y al propio ayuntamiento quien terminó prohibiendo los vertidos industriales.

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