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El portavoz de La Izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Verdes-Equo, Podemos, Iniciativa) en la Diputación provincial de Huelva, Marcos Toti, ha hecho pública este jueves la iniciativa que lleva a pleno para que la Diputación Provincial de Huelva inste al Gobierno a modificar las limitaciones del techo de gasto en los ayuntamientos que, en el caso de Huelva, supondrían 22 millones de euros más “que se podrían destinar a prestar mejores servicios a las vecinas y vecinos de nuestros municipios”.

Según ha explicado Toti, el Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobó el pasado 12 de diciembre de 2023 los objetivos de estabilidad para el año 2024 que eran más beneficiosos para comunidades autónomas y entidades locales, siendo aprobados en el Congreso. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en el Senado (controlada por el PP) por lo que el Objetivo de Déficit pasa del 2,7% propuesto al 3%, provocando una reacción en cadena en todas las administraciones públicas que tendrán menos fondos para llevar a cabo sus políticas.

Respecto a las entidades locales, la propuesta rechazada fijaba un objetivo de equilibrio presupuestario. Sin embargo, el Programa de Estabilidad que deberá aplicarse tras el rechazo del Senado fija que las Entidades Locales deben tener un superávit del 0,2% del PIB.

A efectos prácticos, esto supone que los ayuntamientos de Huelva tendrán 22,3 millones de euros menos de capacidad fiscal para poder invertir en políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.

Toti ha recordado que los ayuntamientos “son la primera puerta a la que llama la ciudadanía cuando tiene algún problema, quien siempre dan respuesta a las necesidades cuando vienen mal dadas” y la financiación es la principal arma que tienen los consistorios para dar respuesta a estos problemas. Sin embargo, la actitud del PP en el Senado provocará, si no se remedia, que Huelva capital pierfa 5.957.868 €; Aljaraque, 934.878 €; Тrigueros, 335.538 €; Cortegana, 195.258 €; Lepe, 1.218.146 €; Villarrasa, 122.682 €; Ауamonte, 909.090 €; La Palma del Condado, 450.492 €; Valverde del Camino, 531.510 €; Moguer, 964.152 €; Palos de la Frontera, 526.554 €; Cartaya, 887.376 €; Villarrasa, 90.216 € o Gibraleón que perderá 543.480 €, como algunos ejemplos destacados.

El rechazo del Senado a los objetivos de estabilidad para el año 2024 “no es una oposición a la propuesta del Gobierno de España sino una oposición al bienestar de las vecinas y vecinos de nuestros municipios, que sufrirán las consecuencias de los recortes de fondos de los que dispondrán los ayuntamientos y las comunidades autónomas”, ha aseverado.

Por ello, Toti pedirá en el pleno de Diputación que se inste al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados que, en atención a la situación todavía existente de emergencia extraordinaria, se suspenda la aplicación de las reglas fiscales, y del mismo modo que modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no tenga capacidad de bloquear los objetivos de déficit, permitiendo así que el dinero fluya en los ayuntamientos.

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